Graves consecuencias por el desmantelamiento de parte Ordenamiento Jurídico en España

Luisondome

El peligro de poner a una ultra-activista del  feminismo a cargo del ministerio de igualdad, dándole carta blanca para que ordene la igualdad de género a su antojo.

Machos y hembras. Hombres y mujeres. La naturaleza nos lo puso fácil, pero al ser humano le gusta complicarlo todo, y ahora hay además gais y lesbianas, transexuales y bisexuales, binarios, poliamorosos, y los que dudan de hacia donde deben arrimarse. Todos tienen sus derechos, pero cuando se pone a una inútil a regular y a “proteger los derechos” de todos estos colectivos, el destrozo que se le puede causar al Ordenamiento Jurídico puede ser de dimensiones épicas, y sus consecuencias pueden ser trágicas, si no se hace cargo de esta tarea alguien muy preparado en la elaboración de las leyes y que ademas sea buen conocedor de lo que hay bajo la piel de estas personas. Pues esto mismo es lo que ahora está pasando en España tras la llegada al gobierno de ministros de Unidas Podemos, y especialmente desde la llegada al poder de la Ministra Irene Montero.

En España, cuando llegó al Palacio de La Moncloa el actual Presidente del Gobierno Pedro Sanchez, al no alcanzar su partido la mayoría absoluta, tuvo que coligarse con partidos independentistas como ERC y BILDU, y populistas de ultaizquierda como Unidas Podemos. 

A la hora de repartir los 23 ministerios de que se compone el actual Gobierno, el Ministerio de Igualdad lo pidió para si su actual Ministra Irene Montero, de 37 años, ultra-activista del feminismo mas radical, la cual se rodeó de colegas para ese viaje de su misma tribu y condición. Irene es Psicóloga de formación, que antes de ser ministra tuvo una única experiencia laboral como cajera de una tienda. Ninguna idea de como elaborar una Ley, pero con un sueño para hacer realidad: lograr la “igualdad absoluta para la mujer”, eso si: obviando los derechos de los hombres, incluido el de ser iguales a las mujeres.

Dentro de ese sueño dormían dos leyes que la Ministra Montero pretendía sacar adelante: la Ley Integral de la libertad sexual y contra la Violencia de Género, conocida como la “Ley del Sí es Sí”,  y la Ley Trans.

La Ley del solo sí es sí

La nueva Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como ley del solo sí es sí (por la importancia que otorga al consentimiento en las relaciones sexuales) o también como ley Montero, por ser su promotora la ministra de Igualdad, Irene Montero, es una ley española aprobada el 25 de agosto de 2022 que regula diversos aspectos relacionados con la violencia sexual.

Durante la tramitación de esta ley se produjeron fuertes tensiones entre los socios del Gobierno, debidas a la rivalidad entre ambos partidos, PSOE y Unidad Podemos, por el liderazgo del movimiento feminista.

Tras la presentación del borrador del anteproyecto de ley de en marzo de 2020 y su revisión por los ministros jueces del Gobierno (el ministro de Justicia Juan Carlos Campo, la ministra de Defensa Margarita Robles y el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska, los tres del PSOE), el borrador fue descrito como una «especie de conferencia» o «tormenta de ideas» que había que revisar en profundidad, llegando a ser calificado de «chapuza jurídica» por ellos.

Durante la tramitación de la ley el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió, tras cuatro meses de debate y deliberaciones, un informe en el que se oponía por unanimidad al espíritu de la norma. El informe, cuyos ponentes fueron dos magistradas consideradas del sector progresista y un magistrado del sector conservador, planteaba objeciones técnico-jurídicas en relación con la inversión de la carga de la prueba, y alertaba también del riesgo de reducción de penas que podía derivarse de la eliminación de la distinción entre abuso y violación. Ambas objeciones fueron rechazadas de lleno por la Ministra Montero y su partido.

La consecuencia de todo este lío, es que a día de hoy 528 delincuentes condenados por violación han visto rebajadas sus penas por la aplicación par parte de los Jueces y Magistrados  de la Ley Montero. Mientras tanto, la Ministra acusa a los jueces de prevaricar: "Están incumpliendo la ley por machismo”, librándose ella de toda culpa en la redacción de una Ley, la suya, que los jueces ahora se ven obligados a aplicar, rebajando las penas a los condenados por violación, e incluso poniendo a muchos de los en libertad, causando alarma entre las víctimas.  Hoy en España hay 4.000 presos por delitos sexuales cuyas condenas pueden ser revisadas a la baja, y de los que al menos 1.000 de ellos pueden obtener una reducción de la pena impuesta.

También mas de 50 violadores han sido puestos en libertad tras aplicárseles la nueva Ley, con Agra preocupación por parte de las víctimas que de nuevo se sienten en peligro de ser atacadas de nuevo.

La Ley Trans

En la Ley Trans, al contemplar la «autodeterminación de género» como único requisito para cambiar el sexo registral, borra las diferencias legales que existen entre hombres y mujeres en España. Según un estudio elaborado por un experto independiente, hay al menos 475 derechos femeninos que serán accesibles en lo sucesivo a los varones que se autoperciban con el sexo opuesto. Por el contrario, solo hay uno que es exclusivo de los hombres, y que lo seguiría siendo pese a la última norma de Irene Montero: el acceso a la Curia.

La ley aprobada el pasado jueves por el Congreso de los Diputados hará más fácil que nunca el cambio de sexo. Otros países, así como algunas regiones españolas, obligan a someterse a tratamientos farmacológicos y operaciones, pero ahora basta con «la libre declaración de la persona sentida» y completar un formulario, y ya está hecho.

Una vez rellenado, el solicitante es citado para ratificar la solicitud y es informado de sus nuevos derechos. Transcurridos tres meses, es requerido para ratificar la petición y, de ser así, en el plazo de un mes -cuatro en total- el varón pasa a ser mujer a todos los efectos, sin necesidad de cambiar sus nombre ni aportar informes médicos y/o psicológicos (en aras de la «despatologización» de la disforia de género).

Los derechos para las mujeres Trans:

La nueva Ley permitirá a las mujeres trans -no operadas- tener los siguientes derechos:

• Derecho a incentivos para ser contratadas por la Administración pública
• Derecho a ayudas al emprendimiento, acceso al empleo público con baremos físicos más bajos
• Derecho a no poder ser denunciadas por violencia de género, y así no ser tratadas de forma diferente en un Juzgado especial para estos temas
• Derecho a ayudas si se sufre violencia por parte de la pareja
• Derecho a subvenciones si se crea una asociación de mujeres trans
• Derecho a que en un juicio penal su palabra tenga más valor que la de la persona denunciada (siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el Tribunal Supremo: ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación), ayudas de hasta el 75% para financiar una película o documental
• Derecho a poder acogerse a un descuento del 50% en el precio de los billetes al viajar con RENFE
• Derecho a disfrutar, en caso de dedicarse al mundo rural, de diversas convocatorias y premios destinados a «mujeres rurales» 
• Derecho a que les sean notificadas sin solicitud previa las resoluciones que acuerden prisión o puesta en libertad del infractor, así como posible fuga del mismo
• Y así el informe recoge hasta 475 derechos mas, con algunos más banales, como:
• Derecho a no cortarse el pelo en caso de acceder al Ejército o a la Guardia Civil
• Derecho a elegir paradas en los autobuses a demanda en algunas ciudades (pagando el mismo billete)
• Derecho a tener ayudas para obtener el carné de conducir si se vive en Valladolid, etc.

Además, hay en total al menos 59 derechos que gracias a la Ley Integral de Violencia de Género, a conocida como Ley del Si es Si, eran exclusivos de las mujeres, pero que ahora también serán accesibles a los hombres que decidan cambiarse el sexo registral. Y también, de manera paradójica, la ley trans entra en conflicto con 71 cláusulas de la del solo sí es sí, aprobada el pasado mes de septiembre, y que fue celebrada por Irene Montero como un logro sin precedentes en «el avance de los derechos y libertades de las mujeres».

Las críticas del feminismo tradicional

Se les advirtió  y lo negaron. Si un varón transidentificado maltrata, asesina o viola a una mujer, NO será considerada como violencia de género, y la víctima no podrá acogerse a las medidas que prevé la Ley 2004 contra la violencia machista.

Justo de esto advirtieron las asociaciones feministas durante la concepción y tramitación de la norma, aunque no fueron escuchadas durante el proceso por el Gobierno de España. Denunciaron, por activa y por pasiva, que la ley trans supondría el «borrado de las mujeres», por cuanto entraría en conflicto con la Ley Integral de Violencia de Género y con el deporte femenino, aunque también podría derivar en situaciones indeseables en las cárceles y en otros espacios.

Además, nadie podrá negar la feminidad de aquellos hombres que hayan cambiado su sexo registral, bajo la pena de multas de hasta 150.000 euros. El régimen sancionador contempla que no se podrá negar en ningún caso la concesión de ayudas o subvenciones a las mujeres trans, por cuanto podría constituir un delito de odio.

Tras su aprobación, y aunque aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, hay hombres que ya han anunciado su intención de cambiar su sexo registral. En este sentido, el abogado José Luis Sariego plantea que «si España entrase en un conflicto armado, muchos decidirían sentirse mujer después de lo que ha sucedido en Ucrania, donde solo los hombres de entre 18 y 60 años han sido obligados a defender a su país, mientras que a las mujeres se les ha permitido salir como refugiadas, pese a que la Constitución prohíbe la discriminación por razón de sexo (artículo 24)».

Sariego ironiza con que «está por ver, en un futuro muy cercano, cómo se desenvuelve un país sin hombres, donde el feminismo ya no será necesario, ya que todes seremos iguales». Además, el abogado de familias prevé que «las leyes feministas quedarán obsoletas, porque los hombres heterosexuales pasarán a ser una minoría social que necesitará urgentemente nuevas leyes que les protejan».

La ley trans entrará en conflicto con la Ley Integral de Violencia de Género y con el deporte femenino, aunque también podría plantear problemas en las cárceles y otros espacios. Por eso las feministas planean centrar sus reivindicaciones el próximo 8 de marzo en denunciar las consecuencias de la iniciativa de Irene Montero, impulsada sin contar con los expertos y sin tener en consideración el ejemplo de otros países europeos, que han reculado en su legislación al advertir consecuencias perniciosas.

La ley trans aprobada este jueves en el Congreso incluye una reforma del Código Civil para sustituir «madre», «padres», «mujer» o «hombre», por «personas», «progenitores» o «progenitor gestante». De este modo, los términos «padres», «madre» o «padre», sin ningún añadido, desaparecerán del Código Civil, de modo que, en el caso de que únicamente haya madre, el término empleado será «madre o progenitor gestante» y en el caso de los hombres, aparecerá «padre o progenitor no gestante». Salvo que, por supuesto, sean hombres ‘trans’, en cuyo caso serían «padre o progenitor gestante».

Algunas de las cláusulas más problemáticas, pero a la vez menos conocidas, de la ley trans aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados son las referentes al nuevo régimen sancionador en materia de infracciones por expresiones tránsfobas. La norma impulsada por Irene Montero prevé multas de entre 10.001 y 150.000 euros para las faltas más graves. Entre estas, «la denegación, cuando no constituya infracción penal, del acceso a los establecimientos (…), cuando dicha denegación esté motivada por la orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales de la persona».

Pero hay otras acciones que-bajo el paraguas de la «transfobia»- serán castigadas con severidad de ahora en adelante, como las llamadas «terapias de conversión». «La promoción o la práctica de terapias físicas, psicológicas o farmacológicas destinadas a modificar la orientación o la identidad sexual o la expresión de género» serán duramente penadas «con independencia del consentimiento que pudieran haber prestado las mismas o sus representantes legales».

También será considerada una infracción muy grave «la difusión en centros educativos de libros de texto y materiales didácticos que presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana n función de su orientación e identidad sexual». Esto podría suponer que quienes enseñen que sólo existen dos sexos biológicos, inmutables, podrían ser demandados por «tránsfobos».

Las infracciones muy graves también pueden ir aparejadas de la denegación, supresión, cancelación o suspensión, total o parcial, de subvenciones que la persona sancionada tuviera reconocidas, así como de la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública por un periodo de hasta tres años, la prohibición de contratar con la administración y hasta el cierre del establecimiento en el que se hubiese producido, supuestamente, la discriminación por un plazo -también- máximo de 3 años.

En resumen, estas feministas ellas solas se pusieron manos a la obra en redactar estas dos leyes, sin mayor conocimiento legal, y desoyendo y rechazando los informes que los organismos competentes les enviaron, avisándoles de las consecuencias que estas dos leyes podrían acarrear una vez fueran aprobadas. 

Cuando fueron aprobadas, y los jueces comenzaron a aplicar las reducciones de las penas obligados por esta Ley, los tacharon de machistas e incompetentes, rechazando la retirada o la reforma de la Ley tal y como la sociedad y los partidos políticos les estaban exigiendo, con la misma exigencia por parte de la Unión Europea que no se creía lo que estaba sucediendo en España.

Pero dada la dependencia que Pedro Sanchez tiene de los votos de estos partidos para sostener al gobierno, ni la Ley ha sido retirada o reformada hasta el momento, ni la Ministra incompetente ha sido cesada de su cargo por inútil, pues crearía una crisis del Gobierno que podría obligar a un adelanto electoral, algo impensable para un Presidente que en Junio presidirá el Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre del año, cuando las elecciones generales en España están previstas para Diciembre, por lo que solo piensa en aguantar en el cargo como sea.