El Lawfare: Que significa y como se manifiesta en esta negociación para la investidura de Pedro Sánchez

Luisondome

Tras el acuerdo obtenido tras la negociación entre Junts y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, nos encontramos con un término que induce a confusión: Lawfare. Aparece cuando se trata la ley de amnistía que han acordado PSOE y Junts tras varias semanas de negociación, en la que se han admitido varios posibles casos de ‘lawfare’ para los implicados en el ‘procés’, que han sido enjuiciados, sentenciados y condenados de diversos delitos. En concreto, el texto de acuerdo firmado entre ambas formaciones para la investidura de Sánchez para la legislatura donde Pedro Sánchez volverá a ser presidente, dice lo siguiente: “Se constituirán comisiones de investigación que tendrá en cuenta para la aplicación de la ley en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto 'lawfare' o judicialización de la política”, y añade: “Con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas". Junto a la amnistía con ‘lawfare’, otros puntos clave del acuerdo entre PSOE y Junts hacen referencia a pactos sobre el referéndum, la financiación de Cataluña, y el/los verificadores internacionales.

Pero conviene definir qué es el ‘lawfare’. Según explicó Carles Puigdemont en redes sociales, se trata del “uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos”. Eso es lo que él entiende. Pero en realidad se trata de un término que surgió de la unión de las palabras ‘law’ (ley) y ‘warfare’ (guerra) a finales de la década de los 50 del pasado siglo XX, y sirve para describir un fenómeno donde el derecho se emplea como instrumento de guerra. Dicho de otra manera, se usa para acusar al sistema judicial de ser manipulado para fines políticos, es decir, atacar, limitar o inhabilitar a un oponente político. Vamos, los que se hacía en tiempos del dictador Franco. La justicia supeditada al poder ejecutivo.

El ‘lawfare’ consiste por tanto en el empleo de procesos legales para destituir cargos públicos. O, dicho de otra forma, de usar el sistema judicial de un determinado país con fines partidistas.

El lawfare también se interpreta habitualmente como la ‘judicialización de la política’ o la ‘persecución judicial’, refiriéndose a que la justicia se emplee como arma política, que ponga en evidencia el incumplimiento de la separación de poderes, o que se ponga en duda la independencia judicial de un Estado de derecho, lo que conforman los principios de las democracias avanzadas.

¿Cómo puede llevarse a cabo? Una de las formas más habituales es la de abrir causas sin pruebas suficientes o justificadas. De esta manera, lo que se pretende es influir en la opinión pública y deslegitimar o inhabilitar cargos públicos, o en bloquear los intentos de los acusados de recurrir sus acusaciones.

La razón que ha llevado a Junts a hacerse fuerte en este punto, e incluirlo finalmente en el acuerdo con el PSOE, es que esta técnica se ha usado con los políticos independentistas. No sólo con los que estuvieron en primera línea política, también con aquellos que estuvieron en las ‘trincheras’, los conocidos como ‘fontaneros’ del ‘procés’.

El acuerdo PSOE-Junts afirma que "la ley de amnistía debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones y procesos judiciales vinculados a estos eventos”.

Como ya anticipaba en un artículo anterior publicado en Medium, entre las personas afectadas por ‘lawfare’, según Junts, estarían los afectados por el caso ‘Volhov’, en el que se investiga el presunto desvío de fondos públicos para actividades vinculadas al proceso independentista. Uno de los implicados sería Josep Lluís Alay, considerado mano derecha de Puigdemont, y jefe de su oficina. Cierto que el juez que instruía el caso, lo archivó, y la trama rusa que le afectaba, todavía tiene pendiente un juicio que se celebrará en febrero de 2024. En concreto, al señor Alay se le acusa de malversación, por asistir al referéndum en Nueva Caledonia en representación del exjefe del Govern. Un viaje que costó 4.580 euros. Se piden para él tres años de cárcel y 17 de inhabilitación, y de esta pena y del delito cometido se pretende amnistiarlo.

Otro sería el exconseller Miquel Buch condenado por la Audiencia Nacional a cuatro años y medio de cárcel y 20 de inhabilitación por proporcionar un escolta a Carles Puigdemont en Bélgica. Situación similar recae en el agente de los Mossos d’Escuadra, Lluís Escolà. A ambos se pretende amnistiarlos.

Sin olvidar a Gonzalo Boye y Laura Borrás. El abogado de Puigdemont está siendo investigado por presunto blanqueo de capitales procedentes por el narcotráfico de otro de sus clientes: el capo gallego Sito Miñanco (nada que ver con el ‘procés’), mientras que la expresidenta del Parlament fue condenada a 4,5 años de prisión, y a 13 de inhabilitación, por fraccionar contratos para favorecer a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas, dependiente de la Conselleria de Cultura. Estos dos últimos, son simplemente unos chorizos, malversadores del dinero público la una, y privado el otro.

Pues si se confirma la investidura de Pedro Sánchez, seremos testigos de como se retuercen las interpretaciones de las Leyes, y como se exprimen a fiscales y jueces para conseguir lo que pretenden. Pero tranquilos amigos, que somos Europeos y la frontera de la legalidad no está en los Pirineos, está mas allá: en Luxemburgo, y hasta allí no llega la larga mano de Sánchez, y como es un país muy pequeño, y Sánchez anda fatal de frenos, pues puede que pase de largo. Menos mal que nos queda Europa, que será llegado el caso la única que podrá ponerle freno a esta tropelía, mas teniendo en cuenta que Sánchez aspira a presidir el Consejo Europeo, y esta intentona es un mal precedente que no le va a beneficiar para hacerse con el puesto.