Las peticiones del votante: Lo que le exige Puigdemont a Sánchez a cambio de 7 votos para su investidura, y lo que se avecina...

Luisondome 

Imagen: Alejandra Svriz

Uno de los principios de toda negociación es: el que negocia el último, negocia mejor.

Para lograr el éxito en la investidura de Pedro Sánchez, primero hubo que “negociar con SUMAR” para tener  que aceptar sus exigencias. Después le llegó el turno a ERC para rubricar un acuerdo que contenía todas sus peticiones. Detrás acudió a la Moncloa Nesor Regó, del BNG gallego, para recibir su rosario de peticiones de dos cuentas: la rebaja del peaje de la AP-9, y del peaje de la AP-54 en unos eurillos.

Ahora es el turno de JUNTS y de Puigdemont. El mas difícil de todos, y del que ya se sabe o se sospechan los términos de sus exigencias, y si hasta el momento lo entregado no nos ha salido barato a los españoles, Junts viene con su apuesta máxima de “o todo, o nada”, y aún falta el PNV, que será el último en plantearle a Sanchez sus exigencias, que superarán a las de ERC y JUNTS, pues desde el PNV entienden que su región siempre tiene que estar a la cabeza de competencias y estado financiero. 

Ante esta situación, las exigencias de los partidos independentistas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez parecen no tener límite. Ahora es el turno de Puigdemont y de JUNTS para plantear sus exigencias, y entre ellas está la que se refiere las pensiones, al perdón de la deuda con el Estado, el traspaso de los Rodalíes y de los inmuebles emblemáticos que ha conseguido ERC con su negociación. Por si no fuera poco, se añade ahora la demanda de una Agencia de la Seguridad Social y un organismo tributario propio. Eso implicaría que la Generalitat se encargaría de la recaudación de impuestos. También lo haría de la gestión de las cotizaciones de los trabajadores en su territorio, y del abono de las pensiones contributivas de sus ciudadanos. De las no contributivas ni se habla, pues esas no aportan ingresos.

La iniciativa, presentada por Junts y ERC en el Congreso de los Diputados en paralelo a la negociación con el PSOE, prevé asumir las recaudaciones de los afiliados a la S. S. y de los impuestos. A partir de ahí, se fijaría una cuota, que tendría que abonar el Gobierno autonómico al Estado. El planteamiento es prácticamente idéntico al vigente Cupo vasco. Es decir, solo se trataría de romper la caja única de la Seguridad Social, para que ellos tengan su Caja Unica particular, pues pretenden equipararse a el País Vasco y a Navarra que tienen su Cupo, reconocidos en la Constitución y en sus Estatutos de Autonomía. También reclaman el reembolso del dinero que consideran que han pagado de más desde 1982. Estiman que han sido 30.000 millones de euros, una cantidad que según ellos ha servido para pagar las pensiones de jubilados de otras regiones.

El órdago independentista supondría, de nuevo, un trato excepcional con respecto a otras comunidades, la ruptura de la caja única que garantiza las pensiones en todo el territorio nacional, y la puntilla a la solidaridad regional. Las pensiones están protegidas y reconocidas por la Constitución y son los poderes públicos los que deben garantizarlas. El sistema público de pensiones se alimenta de las cotizaciones de todos los trabajadores, que van a una Caja Única que garantiza la prestación para todos los jubilados. Y todo se ha de cumplir independientemente del territorio en el que vivan.

Pero según un análisis publicado por THE OBJECTIVE a partir de las estadísticas de pensiones y de afiliación de la Seguridad Social , estas no muestran un panorama halagüeño en Cataluña. El pasado octubre la nómina de los pensionistas que viven en Cataluña supuso 2.208 millones de euros. Esto supone el 18,2% de la nomina total de las pensiones.

La comunidad autónoma tiene un importante protagonismo en la caja única de las pensiones que ahora pretende romper. En los últimos diez años desde enero de 2014, el gasto en pensiones contributivas en la comunidad autónoma ha aumentado en 758,9 millones. En el caso de Madrid el aumento ha sido de 641,8 millones. Mientras, el gasto total lo ha hecho en 4.157 millones. Esto supone que un 19% del nuevo gasto ha ido a las pensiones en Cataluña. El porcentaje es más elevado que el de Madrid.

Cataluña es a la vez la comunidad que mayor desequilibrio financiero ha tenido hasta mayo de este año, pues se ha gastado 4.044 millones de euros más de lo que recaudó la caja única de la Seguridad Social en esta Comunidad Autónoma, según recoge Economía Digital. Hace apenas unos meses, a cierre de 2022, el desfase era de 4.882 millones de euros. En solo cinco meses la Seguridad Social ya ha incurrido en un déficit para el pago de pensiones en esta comunidad del 82,8% del total del año pasado.

Los Amnistiados: lo que Junts exige

De entrada, PSOE y Junts acuerdan que la amnistía incluya delitos cometidos fuera del 'procés’, sin concretar los casos y los nombres que podrían entrar en el acuerdo y la fecha en que este se cerraría, lo que nos lleva a pensar que los tragos mas amargos se decidirán en el último minuto. Entre estos se encontraría el abogado Gonzalo Boyé, que asesoró y defendió a Puigdemont a lo largo del procés, pero que a la vez está condenado por lavado de dinero procedente del narcotráfico del condenado Sito Miñanco.

A su vez, Junts pedía que la amnistía incluyera a los afectados por el caso ‘Volhov’ (presunto desvío de fondos públicos para actividades vinculadas al proceso independentista) y casos enmarcados en ‘lawfare’, siendo uno de los afectados por este caso el jefe de la oficina del expresidente Puigdemont y su mano derecha, Josep Lluís Alay. También se exige que entren en la lista de amnistiados el ex-conseller de la Generalitat Miquel Buch y la propia Alicia Borràs, que fue condenada a cuatro años y medio de cárcel, y 13 años de inhabilitación  por trocear contratos, por falsear documentación oficial, y por prevaricación administrativa; nada que ver con delitos del procés.

Pero la pretensión de que la Ley de Amnistía se aplique desde antes del 9 de Noviembre de 2014, tiene truco. El truco está en que si el PSOE acepta que se aplique a partir de esa fecha, entrarían e:n la lista de los amnistiados algunas de las figuras mas relevantes del catalanismo separatista. Entre otros estarían los condenados de la familia Pujol, desde el patriarca Jordi padre, hasta su esposa, Marta Ferrusola, y sus hijos Jordi, Marta, Mireia y Pere, por presuntos delitos contra la hacienda pública y blanqueo de capitales. Condenados por delitos cometidos, y también nos encontraremos a Artur Mas, en espera de juicio, al que se le liberaría de todos sus cargos con la justicia, y en el acuerdo se exige el borrado de toda huella judicial de todas estas personas. A esta lista, seguro se irán incorporando nuevos casos, digamos especiales, y de última hora.

Pero aún quedan los mas de 4.000 encausados por delitos relacionados con el procés, delitos que serían borrados por la pretendida ley de amnistía, y que pondría en la calle libres de toda culpa a estos delincuentes condenados por su participación en el proces. En definitiva: estamos ante un blanqueamiento total de los hechos ocurridos durante décadas, en el que desaparecen desde los delitos de corrupción, hasta los de sedición, prevaricación, cohecho, desorden público, agresiones, etc. Hablamos del borrado total de un tiempo de la historia de España y de Cataluña, como si este no hubiera existido.

¿Que dicen sobre la deuda histórica?

Además del deficit de las pensiones, Junts y ERC han cifrado en 456.000 millones de euros la «deuda histórica del Estado con Cataluña». Hasta 50.900 millones vendrían del déficit en materia de infraestructuras; 375.000 millones en partidas sociales y 30.000 millones en pensiones entre 1982 y 2022. Vamos, que intentan hacernos creer que en Barcelona o en Girona están peor que en Teruel.

En relación al FLA, ya no les basta a los de JUNTS los 15.000. millones de euros correspondientes al 20% de la deuda que dicen asciende a más de 73.000 millones de euros, ahora presionan para que el Estado se haga cargo de toda la deuda, lo que supone una losa que enterraría al resto del país. 

Además reclaman el pago de la disposición adicional tercera del Estatut para poder ejecutar «las infraestructuras pendientes, en especial, la finalización del Corredor Mediterráneo», y piden una compensación por infraestructuras no ejecutadas durante el periodo 2014-2023 en forma de encomienda de gestión, proponiendo que el Estado ceda el 19% de los fondos europeos Next Generation, con efectos retroactivos. Ya no solo pretenden quedarse con el dinero de los españoles, sino que a la vez pretenden apropiarse de buena parte de los fondos europeos Next Generation llegados a España para que se inviertan en Cataluña.

En toda negociación a varios bandos, el que negocia el último es el que tiene mayor ventaja, pues al final de proceso es el último el único que tiene la llave que se necesita para abrir la puerta, pues los demás negociadores ya se la han entregado con su acuerdo firmado. Esta es la situación de Puigdemont, de momento. En este momento solo él y los suyos tienen capacidad para seguir exprimiendo el limón, que saben todavía tiene jugo en su interior, y al que exprimirán hasta extraerle la última gota. Esto anticipa que la decisión del sentido del voto para la investidura de Sánchez se tomará desde Bruselas 20 minutos antes de la votación en el congreso. Hasta ese momento, los de Junts tendrán tiempo para conseguir mas cosas.

Bolaños (PSOE); y Aitor Estaban (PNV) en el Congreso. Imagen: Europa Press

¿Y que pasa con el País Vasco y el PNV?

Los negociadores del PNV si que saben desde hace mucho tiempo que el que negocia el último, negocia mejor, que buena rentabilidad le han sacado a esta táctica desde su primera negociación con el Estado. De entrada Urkullu y Ortuzar le recuerdan a Sanchez que por mucho que negocie y que ceda ante Puigdemont, sin los votos de los diputados del PNV nada tiene que hacer. Esto en si ya es un aviso de que ellos también aspiran al “o todo, o nada”. Pero como en el PNV tampoco se fían de Sánchez, sus negociadores a la vez quieren dejar los acuerdos bien atados, para evitar los riesgos de incumplimientos.

Entre sus peticiones del votante, sin duda estará el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, cuyo desarrollo se había acordado en un cronograma que no se ha cumplido, es lo que más les duele a los negociadores del PSOE, pues entro otras cosas está incluida la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social, que es algo que levanta ampollas en las demás autonomías y entre los jubilados españoles, mas de 9 millones que ejercen una enorme presión política y social sobre los gobiernos.

Los vascos no tienen prisa, porque saben que la llave no la tiene solo Puigdemont, la tienen también ellos, y que cuando se sepa lo que han conseguido los de Junts, el PNV exigirá a Sánchez que supere el listón de los catalanes. Para ellos, este es el momento de traspasar ciertas lineas rojas impuestas desde el diseño del estado de las autonomías por el Estado Español a sus pretensiones pre-formadoras de su Estatuto. El PNV quiere que el mandato que se pueda iniciar en esta nueva etapa, sea el del desarrollo de la renovación del nuevo estatuto vasco, en el que se configurarían las reformas necesarias sobre el derecho a decidir y el disponer de una relación “de igual a igual” con España. Después vendrán las negociaciones sobre las Infraestructuras, las inversiones del Estado y otras cuestiones sociales que también están formando parte de la negociación en marcha.

Quedan unas semanas hasta la Convocatoria de la Sesión de investidura en el Congreso de los Diputados, por lo que no se puede poner fin a esta historia, que seguro aún nos ha de deparar alguna sorpresa que otra. La conclusión final es que cuando sumamos el coste de todas las peticiones del votante que sus “supuestos socios” le han planteado, el coste total de las cesiones de Sanchez a estos, ha de ser colosal para las arcas del Estado y para el resto del país.

Solo en las negociaciones tras las guerras, es tan elevado el coste del acuerdo negociado para el perdedor, al cierre de la negociación. Pues casi a esta altura va a elevarse el coste de la negociación para la investidura de Sánchez.