La política y los gestos del Gobierno de España y de algunos políticos, están destrozando la imagen del país fuera de nuestras fronteras

Luisondome

La Peineta de Jessica Albiach

En estos días pasados en Davos, nuestro Presidente y los ministros que lo acompañaban no pararon de reunirse con jefes de estado y CEOs de las mayores empresas del mundo para mostrarles las bondades de España para cualquier inversor que pretenda obtener grandes rentabilidades por su dinero invertido. Pero lo que predicó en el auditorio de Davos, se le debió de olvidar en su viaje de regreso en el Falcon 900 a España, porque una serie de hechos así lo demuestran. No se por que porfía tanto en este comportamiento divergente nuestro Presidente, porque estoy seguro de los CEOs si saben lo que se cuece en nuestro país, un país del que cada vez se fían menos, y que se demuestra por la reducción de la inversión extranjera en España.

No es una única razón, sino que son múltiples las razones que hacen que la credibilidad de España en el mundo se esté deteriorando de manera progresiva. El país se está dividiendo de un modo mas que evidente. Los enfrentamientos entre Gobierno y oposición son diarios y salidos de tono. La ciudadanía cada vez mira a los políticos con mayor desprecio, y la confianza de los ciudadanos en el futuro del país cada vez es menor. 

La Degradación del Gobierno

Desde que llegaron los socialistas, con Pedro Sanchez a la cabeza, al Gobierno en coalición, con partidos populistas de izquierda extrema y con partidos independentistas de derecha e izquierda, en un batiburrillo difícilmente manejable por sus intereses contrapuestos, con divisiones en el propio Gobierno por diferencias insalvables en determinados asuntos de gobierno, la credibilidad de Sanchez y sus ministros no a dejado de disminuir, y el país ha tenido que sufrir las consecuencias.

Para los españoles, Sanchez es un mentiroso compulsivo. Es capaz de decir una cosa, para acto seguido anunciar lo contrario, en un ejercicio de “yo no digo lo que hago, pero no hago lo que digo”. Es capaz de hacer cualquier cosa para obtener lo que se propone, y si para ello es necesario cambiar la ley, pues hágase. Este es el líder que tenemos los españoles, y sus segundos, los ministros, son un clon del jefe, que repiten y copian sus chulescas maneras sin ponerse colorados por la vergüenza, algo de lo que carecen.

La degradación de los parlamentos nacional y autonómicos

La Peineta de la Diputada de la CUP, Nogay Ndiaye

Los malos gestos, los insultos, y hasta el robo se repiten en los Parlamentos del país, sedes de la soberanía popular. En marzo del pasado año ya desapareció una bandera de España del despacho del equipo de prensa y redes de la formación Ciudadanos en el Parlamento Catalán. Desde entonces, optaron por cerrar la puerta con llave. Pero es que hace unas semanas, a finales de diciembre, alguien robó también una bandera de España y otra de Israel del mismo despacho. Aunque esta vez, según ha explicado a El Debate la diputada de Ciudadanos, Anna Grau, «perfeccionaron la técnica» porque forzaron la puerta. E irónicamente apunta: «lo tuvieron que hacer a oscuras, porque el retrato del Rey ni lo tocaron», supuestamente porque no lo vieron.

En los últimos meses se ha visto, en plenos del Parlament, cómo dos diputadas hacían ‘peinetas’ a compañeros de hemiciclo, a los diputados de Vox. Una de ellas es la líder de los comunes, Jessica Albiach, Es la forma que tuvo para responder a una intervención de Ignacio Garriga, líder de la formación de Santiago Abascal en Cataluña. Y un gesto parecido lo hizo la parlamentaria de la CUP, Nogay Ndiaye. En ningún caso hubo llamadas de atención por parte de la presidencia de la Cámara.

En cualquier caso,  Alejandro Fernández, líder del conservador Partido Popular, concluye que todo es «fruto de esa degradación, se entra a robar impunemente en los despachos de los partidos políticos y se le intente quitar importancia; lo que se comenta de gestos, incluso en la propia indumentaria. Lo más triste es que esa praxis ya se está trasladando al conjunto de España. Y los espectáculos lamentables del Parlament, también los estamos viendo en el Congreso de los Diputados».

Los empresarios son denostadas por el Gobierno

Mientras Sánchez se paseaba triunfante por Davos, embutido en un modesto abrigo de la marca española Joma, su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunciaba su intención de topar el sueldo de los altos directivos con los que se reunía el presidente, sin que nadie del Gobierno la desdijera. Mientras, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, salía en tromba contra el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, uno de los asistentes al cónclave de Sánchez en Davos, al que acusa de difundir el discurso del "negacionismo y retardismo". Una palabra esta última desconocida hasta ahora y que la RAE quizá debería considerar para incluir en su diccionario.

Ahora los empresario españoles están que echan chispas contra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y su "última ocurrencia populista": limitar o reducir el sueldo de los directivos para "una redistribución más justa" de los recursos de la empresa. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no se ha guardado ningún calificativo ni adjetivo para cargar contra Díaz y su propuesta. ¿Hasta dónde vamos a llegar?", se preguntó. "Que una ministra de España esté hablando de estas cosas sólo es intervencionismo de república bananera, que pone en peligro las inversiones”. 

En la misma línea, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha acusado a Díaz de "faltar al respeto a los empresarios" con una medida "reaccionaria" y "populista". "Poner el acento en intentar intervenir en las empresas está fuera de lugar". 

Por su parte, el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Miguel Garrido, ha señalado que no puede haber debate sobre los emolumentos directivos porque "es una cuestión propia de las juntas generales de accionistas, que son los dueños de las empresas, no de Yolanda Díaz". Ha recordado que ya "hay unas normas del mercado y unos controles sobre los propietarios de las empresas" y que son "los accionistas los que tienen que determinar el salario que tienen que recibir los directivos".

El reiterado ataque a los empresarios ó la amenaza con tasas e impuestos no parece el mejor camino para generar confianza mutua e impulsar la economía del país. Una prueba de la incertidumbre en el índice bursátil IBEX 35 es que ninguno de los grandes empresarios se atrevió a plantear delante del presidente las discrepancias en política fiscal ó económica, mientras que en privado se muestran muy críticos. El motivo es que nuestras grandes empresas, bancos y eléctricas, pertenecen a sectores estratégicos y regulados por el Gobierno, lo que deja su futuro en sus manos. Y a nadie le interesa pegarse un tiro en pie.

La última noticia es que el Gobierno acordó con los sindicatos una subida del 5% del salario mínimo interprofesional, hasta 1.134 euros al mes. Por catorce pagas, supone 15.876 euros al año. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, castiga así a los empresarios por no querer pactar una subida del 4%. Las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social también subirán un 5%, lo que supone un incremento adicional de costes para las empresas, además del salario. Por supuesto que los empresarios, ante la encerrona que suponía el trágala de la Ministra Diaz, no aceptaron acudir a la reunión en la que ya todo estaba atado, y en la que para hablar de la productividad, la pretensión de los empresarios, no había ni tiempo, ni opción alguna.

La productividad de los trabajadores y el populismo del Gobierno

España acumula un retroceso de la productividad del 7,3% desde que comenzó el siglo. Mientras tanto, en Alemania o EEUU la productividad ha crecido más de un 10%.

Cuando se habla décadas pérdidas o del estancamiento que han sufrido algunos países en su economía desde el nacimiento del euro, automáticamente se vienen a la mente los casos de Italia o Grecia (España suele estar levemente mejor situada). Sin embargo, hay un indicador directamente relacionado con la prosperidad de una economía en el que España lo ha hecho incluso peor que la propia Italia desde que comenzó el siglo XXI. La 'maldita' productividad. El informe publicado por el IVIE y la Fundación BBVA revela que España presenta la mayor caída de la productividad, con diferencia, de todos los países analizados.

Entre tanto, la Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz impone 'manu militari' la cuarta subida consecutiva del SMI sin contar con la CEOE y a renglón seguido anuncia un endurecimiento del control horario en las empresas y la apertura de las negociaciones para reducir a 37,5 horas la jornada laboral. La vicepresidenta tiene prisa por implementar las medidas antes de las elecciones europeas, en las que se enfrenta a un competidor inesperado, Podemos, que acaba de tumbar en el Congreso su reforma de los subsidios de desempleo.

Ese mismo jueves se conocía un informe sobre la pérdida de productividad española, al que Díaz no hizo referencia. España es el farolillo rojo entre los países desarrollados con la pérdida de 3,8 puntos de productividad en una década. Una tendencia que acelerará la reciente subida del SMI y el recorte de la jornada laboral.

La productividad, como se sabe, refleja la relación entre los resultados de una actividad y el tiempo invertido en ella. Si se reduce el tiempo de actividad y, además, se encarece la mano de obra, la productividad caerá en picado. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI)  se encareció más del 50 % y supera ya el salario medio en 13 de las 17 autonomías españolas, lo que las condena a una pérdida de eficiencia y, por ende, de crecimiento. Pero eso ni a Díaz ni a los sindicatos parece preocuparles.

La explicación al desastre de la productividad tiene que ver con varios de los elementos que caracterizan y hacen única a la economía española: turismo, ladrillo y hostelería. No obstante, son muchas las causas: "Hay varias razones que explican los bajos niveles de productividad de España en lo que llevamos de siglo y que representan una importante debilidad de su patrón de crecimiento. Es débil, en primer lugar, porque la trayectoria de la PTF mantiene los niveles de eficiencia productiva por debajo de los del siglo pasado, a pesar del esfuerzo de acumulación de capital físico y humano de las últimas tres décadas", aseguran los expertos que han realizado el informe.

Italia y España, junto con Estonia, son los tres únicos países de la zona euro que no han creado todavía estos Consejos pese a sus debilidades en esta materia. El OPCE surge como un laboratorio de las tareas que el Consejo Nacional de Productividad podría desarrollar en el futuro. El primer informe OPCE destaca la necesidad de adoptar iniciativas para reforzar las cinco palancas directas de la productividad: la inversión productiva, el capital humano, la innovación y otros activos intangibles, la digitalización y la dinámica productiva de las empresas.

La disminución de la inversión extranjera

La inversión extranjera, para nada dependiente de las políticas oficiales, es el verdadero termómetro para medir la confianza de los inversores en nuestro país; esta se hundió el 23,3 % entre enero y septiembre del año pasado, hasta los 18.303 millones, según el última dato facilitado por la Secretaría de Estado de Comercio. Volvemos así a los niveles de 2021, afectado aún por la pandemia, y muy lejos del pico alcanzado en 2018, con el Gobierno conservador de Rajoy. El descenso se acentuó, en el tercer trimestre, con un 19,2% menos que el mismo periodo del anterior y un 6,5% por debajo de 2021.

Y esto no es negacionismo, es la nueva excusa oficial para batir al empresario, y son datos oficiales. Como siga por este camino, el Gobierno espantará la inversión por mucho que sea  el paripé de reuniones con líderes empresariales en los foros internacionales.

El poder ejecutivo se enfrenta al poder judicial

Desde el asalto y toma del Tribunal Constitucional (TC) por parte del sanchismo que se consumó en diciembre de 2022, cualquier español, ya sea lego o experto, puede anticipar el sentido del fallo de sus sentencias y la distribución de votos: siete a cuatro en favor de la interpretación más conveniente para la izquierda en general y el Gobierno de coalición en particular. Grande es el nivel de politización del Tribunal Constitucional, una Institución a la que se le debe de exigir neutralidad en sus intervenciones.

Todas las líneas rojas se han desvanecido en nuestro país porque han sido traspasadas. La sensación imperante en los corrillos y conversaciones entre los juristas no afectos al sanchismo, es la de que todo vale, porque el término «inconstitucional» ha sido vaciado de contenido, desnaturalizado. Hasta tal punto llega la degradación que hoy ya podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que el objetivo de la mayoría progresista de Pumpido en el Tribunal Constitucional no se agota en procurar amparo al Gobierno cuando sea menester, sino que lo que verdaderamente persiguen es suplantar al Poder Judicial, corrigiendo sus sentencias. Y esto es algo que, aunque constituye una auténtica usurpación de funciones no amparada por nuestra Carta Magna, me temo que ha llegado para quedarse, pues encaja perfectamente con el espíritu constructivista que inspira y guía a los magistrados progresistas del Tribunal de Garantías.

Los siete votos afines a Pumpido en el TC no sólo han usurpado a los jueces la potestad exclusiva de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, sino que también nos han arrebatado a los españoles la posibilidad de decidir qué queremos que sea España en el futuro a través de los correspondientes procesos de reforma constitucional. Mientras tanto, la sociedad asiste impasible. Por lo menos no gobierna la derecha (sic), es el consuelo de los que definen como "progresistas", si tener ni idea de lo que significa esa palabra.